NO ES UN PIN PARA PROTEGER, ES UN VETO PARA PROHIBIR – Paco Olvera

Publicado originalmente en «en clase ideal.es»

Podríamos definir la Educación como un proceso dinámico y permanente que tiene como fin la formación integral de las personas para que puedan insertarse activamente en el mundo en el que viven. Por tanto la acción de educar, no trata solo de la instrucción de unos saberes o conocimientos, sino también de valores, actitudes y comportamientos.

El consenso educativo en las sociedades democráticas

En las sociedades democráticas, existe un consenso social para que sean los docentes, los encargados de desarrollar las actividades complementarias que crean convenientes y de este modo dar cumplimiento a lo establecido en los currículos. Dichos diseños curriculares se concretan en los proyectos de centro y en las programaciones de aula. Al ser debatidos en los claustros y equipos pedagógicos, tienen un carácter bastante colegiado, pero también público, al ser conocidos por las familias. No hay ningún oscurantismo sino mucha luz y taquígrafos.

Los posibles disensos que se pudieran provocar en la acción de educar, serán resueltos de acuerdo a las normas educativas. Un posible adoctrinamiento, se valorará en primer lugar en los órganos colegiados de participación de los centros, donde se encuentran representados todos los sectores de la comunidad educativa. La siguiente instancia sería acudir a la Administración educativa mediante su servicio de inspección y finalmente si es que fuera necesario a la justicia ordinaria. Hay por tanto suficientes garantías para supervisar la encomienda hecha a los docentes por parte de la sociedad. Durante mis casi treinta años de inspector de educación, las controversias o denuncias por diferencias de este tipo, han sido prácticamente inexistentes. No existe en este sentido ningún problema, se ha inventado.

Esta propuesta de veto parental, se plantea como una ruptura autoritaria contra el consenso democrático de nuestra sociedad. Lo que se pretende es anteponer unos valores privados sin consensuar, frente a otros valores públicos y consensuados democráticamente.

La escuela pública, la única garante de una educación integral

El veto parental de Vox

La idea de “pin” es conocida como un concepto de protección tecnológica. Es una clave que se utiliza para bloquear en la televisión u otros dispositivos, determinados contenidos que los padres consideran que no son apropiados para sus hijos. El partido ultraderechista Vox ha querido trasladar a la educación ese concepto de pin parental para que se perciba como una protección y no como lo que realmente es, un veto y censura a determinados conocimientos.

Ese veto parental plantea que las familias puedan exigirle a las direcciones de los centros, un consentimiento previo para autorizar a sus hijos e hijas a asistir a determinadas actividades complementarias como pueden ser la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI.

Desde un punto de vista normativo, el veto parental sobre las actividades complementarias del currículo no es posible, ya que son los centros los que tienen encomendados por las administraciones educativas esas actividades complementarias que a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo, son obligatorias para todo el alumnado y son evaluables.

Los menores no pueden ver restringido su derecho a conocer y deliberar sobre todos los contenidos que los centros educativos y el profesorado crean convenientes para conseguir una educación integral.

Los menores tiene el derecho a conocer y debatir sin vetos

El derecho de los niños y niñas a ser educados integralmente

El razonamiento de quienes defienden esta medida, se basa en el derecho de los progenitores a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales. Sin embargo ese derecho no puede estar por encima del derecho fundamental de los niños y

niñas a recibir una educación integral, recogido en la Constitución, las leyes de educación y en acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la UE contra el Racismo y la Intolerancia.

Ya en 2009, el Tribunal Supremo en respuesta a un recurso del PP, dictaminó que no se podía objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que tenía contenidos parecidos a los que se ponen en cuestión ahora. Es por eso que Vox se ha inventado el nombre de pin parental, evitando hablar de objeción de conciencia.

Los derechos que tienen las familias sobre sus hijos e hijas como ya se ha dicho, no pueden prevalecer sobre el derecho de los menores a ser educados de una manera integral. Que sean nuestros hijos, no nos da derecho a hacer lo que nos venga en gana con ellos, no son de nuestra propiedad. Es por eso que las familias están obligadas a enviar a los menores a los centros educativos, para que puedan recibir el derecho fundamental a la educación. Y es por eso también que los centros están obligados a notificar las ausencias e iniciar un expediente de absentismo en su caso, si no son justificadas por los progenitores, pudiendo terminar incluso en una condena judicial.

Los hijos e hijas no son nuestra propiedad

El derecho a la libertad de cátedra de los docentes

Además de ser un ataque a los valores que como sociedad democrática nos hemos dado, el veto parental aludiendo a un posible adoctrinamiento, representa un ataque a los docentes que son los responsables de la tarea de educar. Se cuestiona así la figura del profesorado, cuando lo que necesita es el reconocimiento social de su labor. Pienso que lo que verdaderamente se persigue, es que el miedo les lleve a la autocensura.

En palabras del Tribunal Constitucional, la libertad de cátedra de los docentes es “una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de los docentes en el ejercicio de su función”. Se ampara así la libre programación y desarrollo de la docencia. Pero como todo derecho, la libertad de cátedra de los docentes no es ni absoluta, ni ilimitada al estar sujeta a las disposiciones curriculares que emanan del Estado, a la madurez del alumnado y a la naturaleza pública o privada de los centros educativos. En los centros privados, al existir un ideario, la libertad de cátedra de los docentes, se reduce aún más.

Ya hemos dicho que si se incurriera en un desvío en los fines de la educación, el derecho de tutela que asiste los familias, está garantizado por la supervisión de los órganos colegiados de los centros, de las administraciones educativas a través de sus servicios de Inspección y finalmente por los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

No existe indefensión alguna y por tanto no se justifica lo que se persigue, salvo la pretensión de querer conseguir unos currículos a la medida de las convicciones privadas de algunas familias, sin importarles que eso suponga limitar los derechos de los menores y la libertad de cátedra y autonomía pedagógica de los docentes.

Una actividad contra los juguetes bélicos en Coín (1978)

La educación concertada, un doble veto parental

La Constitución reconoce a la iniciativa privada el derecho a crear centros educativos. Pero no dice en ningún sitio que exista una obligación por parte del estado a subvencionarlos o concertarlos. Desde 1985 con la promulgación de la LODE del gobierno socialista de entonces, se abrió la puerta a los conciertos y a un crecimiento progresivo de las enseñanzas concertadas. Lo que tenía que haber sido una situación temporal y claramente subsidiaria de la red pública, es hoy mayoritaria en los núcleos urbanos más importantes.

Como es sabido, los titulares de los centros concertados disponen del derecho a tener un ideario de carácter propio que los identifica y distingue. También es conocido que la mayoría de ese tipo de centros tiene un carácter confesional. Al estar financiados los centros concertados con fondos públicos, además de la aportación económica, están recibiendo también una legitimación democrática y permitiendo de facto un cierto veto educativo al aplicar sus idearios. Su aplicación puede restringir el acceso de determinados contenidos al alumnado y en consecuencia a un debate sobre temas que van a ser partes de su vida personal y social. Pero también limitarán a los docentes al tener que respetar el ideario del centro.

Los titulares de los centros concertados se han preocupado de esta polémica suscitada por el partido de extrema derecha, ya que pone el foco en estas enseñanzas y en el privilegio a disponer de un ideario. A la vista de esto, las patronales CECE, Escuela Católica y el sindicato mayoritario de la concertada FSIE, han intervenido en el debate llamando a la prudencia e incluso han admitido que no hay riesgo de adoctrinamiento ya que existen suficientes garantías con los proyectos de centro, los órganos colegiados de gobierno y en su caso con los idearios. Son conscientes que con esas herramientas, no necesitan ningún pin parental, un cierto veto ya existe.

Cuesta comprender y aceptar que los herederos de los que eliminaron durante décadas las libertades, sean los que vengan proponiendo hoy, un pin o veto parental para defenderlas.

 

Paco Olvera, licenciado en Historia, ha sido maestro  e Inspector de Educación. Escribe artículos, realiza vídeos y es autor de libros sobre temas de Educación, entre los que destacaría “La investigación del medio en la escuela

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