AVISO A NAVEGANTES
Desde el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (M.C.E.P.) manifestamos públicamente nuestra profunda preocupación y disconformidad ante la actuación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que, a través de la Inspección Educativa, ha procedido a incoar un expediente a la maestra Marta González de Eiris Martín, docente del CEIP Manuel Núñez de Arenas, por una supuesta desobediencia vinculada a la organización en grupos multinivel durante el periodo en que ejercía como directora del centro. Consideramos que dicha actuación se fundamenta en una interpretación restrictiva de las prácticas organizativas y pedagógicas desarrolladas en el centro, las cuales se inscriben en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos y en el compromiso con la atención a la diversidad del alumnado. A nuestro juicio, las razones esgrimidas en el expediente evidencian una cuestionable valoración de un proyecto educativo ampliamente reconocido por su coherencia pedagógica y su orientación hacia la mejora de la educación pública.
Marta y su equipo han conseguido, gracias a su compromiso y dedicación profesional y personal, situar al CEIP Manuel Núñez de Arenas como un referente educativo en su municipio. Su trabajo con las familias y con el entorno ha convertido al centro en ejemplo de educación inclusiva para todo el alumnado.
Son más de 15 años de trabajo riguroso por parte del claustro, desarrollando el currículo mediante metodologías activas diseñadas desde el prisma del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), garantizando la accesibilidad universal y la eliminación de barreras sociales, emocionales y físicas. Todo ello ha favorecido la presencia, la participación y el éxito educativo de toda la comunidad educativa.
Como colectivo, hemos sido testigos directos de la trayectoria y la valía profesional de nuestra compañera Marta y de su equipo. Durante años nos hemos nutrido de sus experiencias y de los excelentes resultados obtenidos, que han tenido un impacto muy positivo en el barrio donde se inserta el centro. El aumento de matrícula, la disminución del absentismo y la mejora de la convivencia son indicadores claros de un proyecto sólido y transformador que solo merece reconocimiento y agradecimiento por parte de las administraciones educativas. Sin embargo, Marta se ha encontrado con un expediente disciplinario por no acatar una orden superior sin fundamento, que le imponía a eliminar de raíz los agrupamientos multinivelares, una imposición sin base normativa, ya que dicha medida metodológica no contradecía ni a la normativa educativa vigente ni el proyecto educativo del centro.
Cabe preguntarse, entonces, ¿en qué medida se concreta la autonomía de los centros educativos en los ámbitos organizativo, pedagógico y de gestión, reconocida en la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, y desarrollada en la Comunidad de Madrid mediante la Orden 460/2023 y la Orden 130/2023, como marco que permite adaptar el currículo, la metodología, la evaluación y la organización al contexto específico de cada centro con el fin de dar respuesta a las necesidades de aprendizaje del alumnado en las etapas de Educación Infantil y Primaria, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente?
En este caso, la Inspección no ha determinado de forma motivada ni suficientemente fundamentada en qué medida las decisiones metodológicas y organizativas adoptadas pudieran estar afectando a la calidad y a la equidad en la mejora del sistema educativo.
Los grupos multinivel constituyen un recurso pedagógico legítimo y avalado por numerosas investigaciones y experiencias educativas de éxito. El aprendizaje entre alumnado de distintas edades enriquece los procesos educativos, especialmente cuando se integra en un proyecto socioeducativo coherente, consolidado y respaldado por la comunidad. Del mismo modo, otras objeciones planteadas -como la organización del aula en zonas de trabajo o el desarrollo del área de artística en torno a un proyecto propio- evidencian igualmente una discrepancia con una metodología innovadora, participativa y ampliamente consensuada. Estas prácticas se encuentran plenamente amparadas por la legislación vigente y por el principio de libertad de cátedra.
Tras analizar detalladamente los hechos y antecedentes, llegamos a la conclusión de que la actuación de la Inspección parece constituir un subterfugio legal destinado a socavar un proyecto educativo innovador y comprometido, enviando además un preocupante mensaje disuasorio a otros centros que apuestan por la inclusión y la transformación pedagógica.
Como movimiento pedagógico comprometido con la mejora de la enseñanza pública, no podemos permanecer en silencio ante lo que consideramos un ataque injustificado a un proyecto que representa calidad, equidad e inclusión reales.
Por todo ello, exigimos el respeto pleno a la autonomía pedagógica de los centros y a la profesionalidad de quienes, día a día, ejercen su labor con rigor, responsabilidad y compromiso, construyendo una escuela pública de calidad, democrática, inclusiva y transformadora.
Secretaría Confederal. En Madrid, a 25 de abril de 2026